• Cuarenta personas hacinadas en seis habitaciones

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    Por estos alojamientos pagan 100 euros mensuales. Fotografía: Policía Nacional

    Una nueva operación policial ha puesto sobre la mesa, tanto de la Concejalía como de la Dirección Provincial de Sanidad, la problemática de los asentamientos desde el punto de vista de la Salud Pública. Decenas de personas malviven sin agua corriente, hacinadas y sin las mínimas condiciones higiénicas a las afueras de Albacete. En esta ocasión, la Policía Nacional ha detenido a seis ciudadanos rumanos en relación con una investigación por varios delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de trabajadores y falsedad documental. 

    La Policía Nacional ha informado en un comunicado de que, a mediados de junio, comparecía en la Comisaría de Albacete un ciudadano rumano denunciando que, en su país, donde vivía en situación de precariedad, fue captado, junto a otros once compatriotas, para desplazarse hasta la provincia de Albacete. Le prometieron que trabajarían como temporeros en actividades de recolección agrícola hasta el 15 de octubre, para lo que dispondrían de una vivienda adecuada y digna; percibirían cinco euros por hora por su trabajo en la recogida y corte de ajos y contarían también con transporte gratuito desde el alojamiento hasta su trabajo.

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    Ni agua corriente ni aseos. Fotografía: Policía Nacional

    A su llegada a Albacete, donde llegaron a finales del mes de mayo en un autobús de línea regular, el grupo de rumanos fue trasladado hasta el Albergue Municipal. Allí permanecieron tres días.

    Después fueron ubicados en una parcela propiedad de otro compatriota, situada a las afueras de Albacete, y compartida con otras 40 personas que se repartían en seis habitaciones, alojándose los recién llegados en una sola habitación con cuatro camas. Sus necesidades tenían que realizarlas en el campo, cocinaban a la intemperie con una botella de butano y el aseo tenían que realizarlo mediante garrafas de agua que recogían de un pequeño depósito instalado en la parcela. Para colmo, por estas lamentables condiciones tenían que pagar 100 euros mensuales.

    El primer día de trabajo, el máximo responsable de la captación de las víctimas entregó a cada una de ellas la fotocopia de una carta de identidad de otro compatriota con la que deberían identificarse ante la Policía si ésta acudía al campo donde trabajaban. Pronto comprobarían los inmigrantes que las condiciones de trabajo pactadas en nada coincidían con las reales:  la jornada laboral era de casi doce horas diarias, no llegarían a firmar contrato de trabajo alguno, ni iban a ser dados de alta en la Seguridad Social, sin que, finalmente, llegaran a percibir el salario correspondiente a los tres días trabajados.

    El denunciante estaba enfermo y no podía soportar las circunstancias de su explotación, por lo que, dada su edad, decidió marcharse del asentamiento, dejar el trabajo y tratar de regresar a su país. No obstante, se encontró con que carecía de dinero para comprar el billete del autobús. Con la colaboración del Ayuntamiento de Albacete, se resolvieron las necesidades más básicas del denunciante.

    Iniciada la investigación policial, los agentes localizaron la parcela donde se alojaba a las víctimas. El seguimiento de varias furgonetas permitió localizar dos fincas que trabajaban en el corte de ajos. En colaboración con funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Policía Nacional logró identificar a unos 80 trabajadores de diversas nacionalidades, aunque mayoritariamente rumanos.

    La investigación culminó con la detención del máximo responsable de los hechos investigados, un ciudadano rumano que ya era objeto de investigación por hechos similares, procediéndose a su puesta a disposición judicial.

    El principal responsable ha ingresado en prisión.