Un año de pandemia… en tierra de nadie

Durante este año de pandemia hemos visto una y otra vez la incapacidad de la Administración penitenciaria y del Ministerio del Interior para responder a situaciones sanitarias. Los sanitarios de prisiones hemos quedado en tierra de nadie, abandonados a nuestra suerte, dependiendo de relaciones personales con las comunidades autónomas y casi siempre en último lugar; primero para realizar los test de anticuerpos y conocer la situación de las prisiones, después teniendo que elaborar protocolos propios y debiendo convencer a las direcciones de los centros (sin criterios uniformes) a la hora de tomar medidas para evitar la transmisión del virus, luego con muchísimas dificultades para realizar PCR y por último con las vacunaciones. En todos los casos expuestos, el Ministerio del Interior se limitaba a solicitar la colaboración de las CCAA y ésta a veces llegaba y otras no.

Ocaña I, transmisión descontrolada y sin posibilidad de hacer PCR

A día de hoy tenemos un ejemplo en el centro penitenciario de Ocaña I, una institución cerrada con una transmisión comunitaria desbocada y sin posibilidad de hacer PCR, porque de común acuerdo la comunidad y la secretaria general de Instituciones Penitenciarias han considerado que con los test de antígenos es suficiente. Omitiendo que con PCR se diagnostican más asintomáticos, se ataja antes la transmisión y se puede conocer la carga viral, ¿es mejor ignorarlo? ¿En cuántas instituciones cerradas de la comunidad se ha aplicado ese criterio? ¿En cuántos colegios? ¿Es cierto entonces que la atención sanitaria en la prisión es ‘de segunda’? ¿Están las personas privadas de libertad condenadas a tener una sanidad precaria? ¿Nuestra Constitución permite estas diferencias en cuanto a derechos fundamentales? ¿Creemos que debe ser así?

Desde CESM nos hacemos muchas preguntas y hasta la fecha la Administración penitenciaria y el Ministerio del interior no tienen respuestas.

En pleno siglo XXI, ¿es posible concebir el aislamiento informático con los hospitales de referencia? ¿Es lógico que pase más de un mes para poder conocer los resultados de análisis o radiografías? ¿Es normal no tener acceso a los antecedentes médicos de alguien de tu provincia que entra en prisión? ¿Hasta cuándo debemos seguir desconectados de los sistemas informáticos de las CCAA? ¿Acaso esto tiene que depender de las buenas relaciones personales o gestiones individuales? Me pregunto cómo es posible, por poner un ejemplo, que el proyecto de telemedicina de Castilla-La Mancha lleve aparcado dos años, y en estos tiempos de pandemia sigan teniendo que desplazarse los pacientes a las consultas.

No sabemos cuánto tiempo aguantará la sanidad penitenciaria con plantillas que no llegan al 50% y desmotivadas. Y podríamos seguir con el listado de preguntas que todavía no tienen respuestas.

¿A qué esperan?

Es tan evidente que la dependencia de la sanidad penitenciaria es tan enorme que nos preguntamos a qué esperan el Ministerio del Interior y el Gobierno para hacer cumplir la ley 18 años después y garantizar una asistencia sanitaria de calidad como se recoge en los preceptos constitucionales. Hasta que eso ocurra, CESM seguirá poniendo de manifiesto está situación y luchando por una asistencia sanitaria en condiciones de equidad e igualdad.