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Como hiciera Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional denuncia en un meticuloso informe, centrado en Madrid y Cataluña, cómo España abandonó a los ancianos de las residencias a su suerte. En Castilla-La Mancha, según los datos de la Consejería de Sanidad, han muerto 1.612 ancianos en residencias hasta el 1 de diciembre; en Cataluña, según los datos de la Generalitat, del 1 de marzo al 15 de noviembre de 2020, han fallecido 7.045 personas mayores y en Madrid, del 8 de marzo al 1 de mayo, hubo 5.828 personas fallecidas con coronavirus o sintomatología compatible en las residencias.
- Castilla-La Mancha: 1.612 ancianos fallecidos en residencias hasta el 1 de diciembre, según la Consejería de Sanidad.
- Madrid: 5.828 fallecidos hasta el 1 de mayo, según la Comunidad de Madrid.
- Cataluña: 7.045 muertes de ancianos, según la Generalitat.
Amnistía Internacional denuncia la falta de respuesta de residencias y hospitales para atender a sus ancianos
Amnistía Internacional ha constatado que durante el pico de la primera ola de la pandemia el personal de las residencias no contó con la protección adecuada ni acceso oportuno a test, lo que produjo contagios y dificultades para poder responder a los protocolos que se recibían desde las diferentes instituciones. En el caso de Castilla-La Mancha, cabe recordar la situación que se denunció en la residencia Núñez de Balboa de Albacete; el caso de Tomelloso o los doce fallecidos en un solo fin de semana en La Roda.
A diferencia de la situación de la asistencia sanitaria, donde se ha recogido el número de personal sanitario afectado por la enfermedad, no existe una recogida de datos equivalente para la información del personal de los servicios sociales, o al menos no hay una recogida sistemática de datos. En este contexto, Amnistía Internacional advierte de que no se puede estimar el impacto del COVID-19 en el personal que trabaja en estos centros.
No obstante, la ONG ha podido documentar que en momentos críticos de la pandemia de marzo y abril hubo casos de residencias donde más del 50% del personal estaba de baja. Hubo personas residentes necesitadas de atención médica sanitaria a las que no se les dio la oportunidad de un tratamiento adecuado de posible COVID-19 u otras patologías que padecían, ni en la residencia ni en un hospital.
A corto plazo, Amnistía Internacional advierte de que es necesario que las comunidades autónomas aseguren que las decisiones sobre la atención médica en las residencias se realizan con base en evaluaciones individualizadas. “Deben eliminarse ya las disposiciones de los protocolos de derivación de Cataluña y Madrid que pueden dar lugar a medidas discriminatorias. Además, el contacto regular de familiares y residentes debe estar garantizado”.
Consejos al Gobierno y la Fiscalía
Más a largo plazo, considera necesario que el Gobierno impulse la tramitación de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas residentes en todo el Estado.
Asimismo, a juicio de Amnistía Internacional, la Fiscalía y en especial la Fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores debe seguir de cerca la situación en las residencias e impulsar investigaciones de rendición de cuentas cuando se produzcan abusos o irregularidades.
Por último, la ONG insiste en que “es necesaria también una apuesta decidida por el sistema público de salud que garantice la igualdad, lo que significa una mayor inversión de recursos”.
