Carta abierta del presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos al presidente del Consejo General del Poder Judicial en relación con el magistrado que reabrió los bares en el País Vasco y criticó a los epidemiólogos
Le traslado mi preocupación y queja
Como resultado del acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, en reunión celebrada ayer, día 11 de febrero, y desde el respeto debido, le quiero hacer partícipe de nuestra más enérgica protesta por la actuación pública del Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, D. Luis Ángel Garrido.
Ante la situación creada le traslado mi preocupación y queja al considerar que es a todas luces inaceptable e impropio que un juez, sin justificación y causa que lo avale, enjuicie a ninguna especialidad médica cuestionando públicamente su utilidad y en consecuencia sus decisiones y, por si fuera poco, con las formas y modos de hacerlo.
El juez, D. Luis Ángel Garrido, ha decido que su potestad le otorga, además, conocimientos no sólo para contradecir a la autoridad sanitaria y, en general, al mundo científico, sino, también, enjuiciar públicamente con implícito desprecio la labor profesional de unos médicos especialistas con una sólida formación, reconocida internacionalmente y cuya reputación no puede ponerse en entredicho con declaraciones como las realizadas.
En medio de una pandemia de tan graves consecuencias y que arroja tanta incertidumbre, dice muy poco de una decisión judicial el tener que utilizar para justificarla valoraciones subjetivas sin fundamento alguno, contra unas especialidades que se encuentran en primera línea de la lucha contra la enfermedad, aportando argumentos al negacionismo y creando la alarma consiguiente en la población que por muy diversas razones pueda ser sensible desde su desconocimiento a las mismas.
Increíble
Resulta increíble que desde tan alta instancia en una sociedad democrática se trate de aquella manera a unos profesionales en vez del respeto, no sólo a su conocimiento, formación y trabajo realizado durante más de un año a riesgo de su salud y la de sus familiares. Por lo cual, y aunque como obligación acatemos la sentencia, rechazamos enérgicamente las declaraciones públicas que la acompañan, lo que elevamos a Ud. y al Máximo Órgano Judicial que preside a los efectos que considere oportunos.