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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primer sindicato en la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, ha recurrido judicialmente la Resolución por la que se establece el procedimiento para la homologación en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) de los grados de carrera profesional reconocidos por otros servicios de salud, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 13 de septiembre.
CSIF entiende que se están vulnerando los derechos de los trabajadores. Y que va en contra de la normativa del Sescam (Resolución de 22 de febrero de 2010) de procedimiento de homologación de grados reconocidos en otros servicios de salud, que es derogada ni suspendida por la Ley 1/2012 (Ley Cospedal).
Insisten en que «es una necesidad recuperar este derecho para todo el personal de ámbito sanitario del Sescam, ya sea fijo o temporal, y lleve muchos en nuestro servicio de salud o acabe de incorporarse».
La presidenta de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández, señala que el Sescam, “en lugar de proceder al reconocimiento de la carrera profesional para todo el personal lleva a cabo una discriminación negativa al igualar a todos los trabajadores en las peores condiciones laborales de todos los servicios de salud». «Es decir, recortes para todos. Al menos, se mantiene el principio de solidaridad en cuanto a falta de derechos».
Miles de afectados
CSIF recuerda que esta Resolución se llevó justo a las puertas de la ejecución de un concurso de traslados externo cuando más de 3.500 profesionales de ámbito sanitario de otras comunidades autónomas llegaron al Sescam sin plazo para que pudieran renunciar a este traslado. Hasta esta Resolución, los profesionales que llegaban de otros servicios de salud sí tenían reconocido administrativa y económicamente la carrera profesional.
Al proceso judicial iniciado por CSIF hay que sumar los recursos administrativos que los profesionales deben realizar para que se lleve a cabo el reconocimiento económico de los grados reconocidos en otros servicios de salud, por lo que el sindicato ofrece sus asesorías jurídicas para iniciar los procedimientos a título individual.
Queremos que en caso de indemnizar a los perjudicados, lo haga quienes formen parte de la dirección del SESCAM y sus responsables políticos, de modo personal. No todos, basta de impunidad y connivencia jurídica.