Diario Sanitario Periódico digital de información sanitaria.
Todos los estamentos enfermeros han mostrado su indignación y preocupación ante la posible privatización de la Atención Primaria por el auge de un movimiento conocido como farmacia comunitaria. Enfermería teme que, con esta fórmula, se llevan a cabo actuaciones de carácter asistencial con los pacientes crónicos tanto en la botica como a domicilio.
Campaña: La farmacia que necesitas (archivo).
Más de 150 representantes de la Organización Colegial de Enfermería, Sociedades Científicas y estudiantes -que representan a casi 300.000 enfermeras- se han reunido en Toledo para debatir, conocer y analizar las amenazas y retos a los que se enfrenta la profesión bajo el lema “Juntos, construyendo el futuro”.
En este sentido, han denunciado la clara pretensión de facturar por todos estos servicios a las arcas públicas, a las mutualidades o al propio paciente. Enfermería reivindica que el cuidado de los crónicos es uno de los ejes de su actividad.
Varias Comunidades Autónomas ya están legislando en este sentido, en opinión de la organización colegial, “buscando un supuesto ahorro o mejoras que se basan en estudios de los propios farmacéuticos que no cuentan con rigor científico ni con independencia ni la credibilidad suficiente para validar una iniciativa que va a afectar de lleno al Sistema Nacional de Salud, pilar fundamental del Estado de Bienestar español”.
Los presidentes han insistido en que la especialidad de farmacia comunitaria no existe ni tiene respaldo alguno por parte de la legislación española y han recalcado que los especialistas en “Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria” tienen que superar una oposición del Estado y posteriormente estar dos años -cuatro en el caso de los médicos- de residente en el Sistema Nacional de Salud, “mientras que un farmacéutico que se hace llamar comunitario se autocalifica como tal sin control estatal ninguno”.
Los presidentes insisten en que farmacia comunitaria no existe como especialidad
La Organización Colegial de Enfermería ha criticado duramente a los consejeros de Sanidad de las diferentes Comunidades Autónomas ha asegurado que Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Murcia, Castilla-La Mancha y Galicia “están dando pasos importantes para sacar del sistema público y de los centros de salud, el seguimiento y control de pacientes crónicos y polimedicados, solicitando el acceso a la historia clínica del paciente y medidas como la revisión de los botiquines domésticos realizada, no olvidemos, por parte de personas que se ganan la vida con la dispensación y venta de medicamentos”.
Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, ha asegurado que “respetamos el importante rol de los farmacéuticos en el marco de la atención al ciudadano, pero esta profesión hermana debe ser consciente de sus límites a la hora de ejercer”.
“Reconocemos que es legítimo tener nuevas aspiraciones profesionales. Sin embargo, -ha añadido- ni entendemos ni toleramos que las administraciones públicas, como últimos responsables de la salud de los ciudadanos, entren en este juego y menos si eso implica arriesgar la salud de las personas, menoscabar la legislación vigente o frivolizar acerca de unas supuestas nuevas funciones que son competencia exclusiva y excluyente de las enfermeras y los médicos, sobre todo de las especialidades reconocidas por Ley de Enfermería y Medicina de Familia y Comunitaria”.
Desde el punto de vista jurídico, José Ignacio Juárez Chicote, experto en Derecho Público, ha cuestionado incluso la viabilidad de las normativas que están aprobando algunas autonomías en relación a la farmacia comunitaria, puesto que, “además de que implica una invasión de ámbitos competenciales propios y exclusivos de la profesión enfermera, cualquier modificación regulatoria del modelo farmacéutico en su dimensión sustantiva sólo puede ser acometido por el Estado, titular de competencias exclusivas, así que estas leyes autonómicas podrían ser inconstitucionales”.
Enfermería ha consensuado “medidas urgentes para evitar lo que puede suponer un golpe mortal al sistema sanitario”
En las Jornadas que han tenido lugar en Toledo, los representantes de la Organización Colegial de Enfermería de toda España (52 colegios provinciales, 17 Consejos Autonómicos y un Consejo General de ámbito nacional), de las Sociedades Científicas de Enfermería y de las Facultades y estudiantes de enfermería han consensuado “medidas urgentes para evitar lo que puede suponer un golpe mortal al sistema sanitario”.
“Los políticos deben conocer la trascendencia de las nuevas regulaciones en ciernes, sustentadas en argumentos falaces como supuestos ahorros para el sistema, reducción de las visitas a urgencias o mejor adherencia al tratamiento. Del mismo modo, los pacientes no deben recibir mensajes equívocos sobre hipotéticas virtudes de ser atendidos en establecimientos comerciales, alejados de los centros sanitarios y de los profesionales”, insiste el colectivo de Enfermería.
En otro orden de cosas, los representantes de las más de 300.000 enfermeros españoles, entre colegios oficiales, sociedades científicas y estudiantes de enfermería, acuerdan en Toledo denunciar al Gobierno de España ante la Comisión Europea por no adaptar de forma adecuada la Directiva Europea de Cualificaciones profesionales al derecho español
