• Movilización por la jubilación anticipada en Sanidad

    La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha concentrado hoy frente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para exigir al Gobierno que no demore más el reconocimiento de la jubilación anticipada en Sanidad.

    La presidenta de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha, Sacramento Rodríguez, señala que “este colectivo ha estado al pie del cañón en la pandemia y siguen velando por nuestra salud bajo pésimas circunstancias. Merecen que se les reconozca la jubilación anticipada”.

    El pasado 3 de febrero, CSIF presentó 60.522 firmas en el Registro del Ministerio de Seguridad Social pidiendo al Ejecutivo que activara los mecanismos para el reconocimiento de la jubilación anticipada mediante la aplicación de coeficientes reductores. Previamente, la Central Sindical demandó en octubre de 2022 al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por no iniciar los trámites para que el personal sanitario pueda acogerse a esta modalidad de jubilación.

    Trabajos de naturaleza especialmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre

    CSIF recuerda que la Ley de Seguridad Social contempla que la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación podrá ser rebajada en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza especialmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre.

    En este contexto, el sindicato insiste en que, si algún colectivo merece la rebaja de la edad para su jubilación anticipada, es el de los trabajadores de la Sanidad, como avalan diferentes estudios publicados por el propio Ministerio, como el ‘Estudio comparativo de puestos de trabajo con turnicidad (2018)’.

    Asimismo, CSIF subraya que el restablecimiento de este derecho debe ir unido a un Plan de Recursos Humanos que refuerce las plantillas para atender la situación de emergencia por la que atraviesa el Sistema Nacional de Salud (SNS).

    Un plan estratégico

    Un plan estratégico a 5-10 años: tendría que incluir 130.000 profesionales de Enfermería, 44.000 TCAES, 9.500 médicos de Atención Primaria, 1.250 matronas y 1.100 pediatras.

    Por eso, CSIF ha pedido amparo al Defensor del Pueblo y ha trasladado una queja al presidente del Gobierno. Exige la convocatoria urgente del Consejo Interterritorial de Salud para abordar la falta de personal y los problemas de planificación.

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