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Los colegios advierten que forzar a una renuncia para ampliar al red de abortos es inconstitucional
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), ante las declaraciones y propuestas efectuadas por la ministra de Igualdad, manifiesta que dificultar la objeción de conciencia del personal sanitario es una mala solución que resulta «inaceptable, ilegal e injusta». Insiste en que han de ser los Servicios de Salud y Servicios Sociales los que garanticen que las mujeres que se vayan a someterse a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) cuenten con el apoyo apropiado.
Denuncian que forzar la conciencia para ampliar los abortos voluntarios es inconstitucional
La corporación médica destaca que la objeción de conciencia del personal sanitario es un derecho individual al que puede acogerse quien considere que una práctica o procedimiento va en contra de sus convicciones y creencias. La garantía de que una prestación del Sistema Nacional de Salud esté disponible y sea accesible, trasciende el ámbito individual, se articula a través de las redes sanitarias, y tiene como protagonistas a los gestores, más que a los médicos.
Forzar la conciencia de los médicos para ampliar el número de facultativos disponibles en todas las poblaciones, es, a juicio de los médicos, además de inconstitucional, una mala solución, que desde la perspectiva de la profesión médica se considerarían «inaceptable, ilegal e injusta».
«Mejor sería que los servicios de salud y los servicios sociales hicieran bien su trabajo, y pusieran medios para que las mujeres que han de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), tengan el apoyo apropiado en el caso de que sea necesario desplazarse. Por otra parte, conviene señalar que en pueblos y ciudades pequeñas no es fácil mantener la obligada privacidad, por lo que una cierta concentración en la prestación de estos servicios podría tener un efecto protector para la intimidad de las mujeres».
En este sentido, los colegios de médicos advierten en un comunicado que «dificultar el ejercicio del derecho de objeción de conciencia por las normas o por las instrucciones reglamentarias es inapropiado, pero también es particularmente injusto. Coloca a los médicos en la diana de la contrariedad de los pacientes y de sectores de la sociedad, cuando no tienen la culpa, y cuando las oportunidades de solucionarlo las tienen otros».
Una «enorme» deuda moral
«Y es injusto, porque en el momento actual, en la epicrisis de la pandemia COVID-19, los poderes públicos han acumulado una enorme deuda moral con la profesión médica y con las demás profesiones sanitarias. Mala forma de honrar esta deuda sería provocar conflictos dormidos o utilizar a un colectivo muy dañado y maltratado, como coartada de políticas que no han sido diseñadas con la competencia técnica, o con los recursos materiales necesarios», concluyen.
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