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En una reunión con delegados de CSIF Castilla-La Mancha llevada a cabo en Toledo, el presidente nacional del sindicato, Miguel Borra, ha hecho hincapié en la denegación de pruebas, citas e intervenciones quirúrgicas que están sufriendo los mutualistas de Muface, más de 50.000 en la región, además de la incertidumbre generada sobre el futuro del mutualismo administrativo.
En este contexto, CSIF reclama al Gobierno celeridad y soluciones urgentes para resolver los casos de desatención sanitaria que están sufriendo los mutualistas por parte de las aseguradoras debido a la crisis de Muface.
Esta situación afecta a más de un millón y medio de funcionarios y sus familias. En Castilla-La Mancha hay 50.405 mutualistas que reciben su asistencia sanitaria a través de aseguradoras y que continúan sin saber qué va a suceder.
CSIF está asesorando a las personas afectadas por esta situación y también ha decidido poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado estas situaciones de desatención, ante las responsabilidades que pudieran derivarse.
Tras las movilizaciones llevadas a cabo en noviembre y diciembre frente a todas las subdelegaciones del Gobierno y la gran manifestación que reunió a más de 50.000 personas en Madrid el 14 de diciembre, CSIF mantiene la huelga del próximo 13 de febrero, al que está convocado el personal docente (tanto universitario como no universitario), trabajadores de la Administración General del Estado y el personal funcionario de Correos.
31 de marzo
El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, ha señalado que «todavía no sabemos cuándo se va a reabrir el plazo para la presentación de licitaciones y tampoco conocemos las condiciones económicas, lo que está claro es que el 31 de marzo finaliza la asistencia sanitaria para estos 50.000 mutualistas que hay en Castilla-La Mancha y seguimos recibiendo cientos y cientos de quejas por falta de asistencia».
Asimismo, CSIF censura que este modelo se haya cuestionado, creando un debate público que, a juicio de CSIF, es innecesario «cuando Muface ha demostrado su eficacia descongestionando los servicios de salud y su eficiencia suponiendo un menor gasto público». El sindicato ha manifestado que son los propios mutualistas los que financian el concierto sanitario al sustraerse mensualmente de sus nóminas una cantidad que varía dependiendo de su categoría.
