Diario Sanitario Periódico digital de información sanitaria.
La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha dado a conocer hoy que el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto de asistencia farmacéutica en los centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha con el objetivo de garantizar “una prestación farmacéutica adecuada, cercana y de calidad”.
De este modo, la portavoz del Ejecutivo de García-Page ha explicado que esta medida va destinada a residencias de mayores, centros de discapacidad o de drogodependientes, lugares que tiene pacientes muchas veces con tratamientos crónicos que necesitan de un uso del servicio de farmacia continuamente”.
Esta medida aumentará la capacidad de seguimiento de la medicación suministrada, “de manera que los farmacéuticos de esa zona, en centros de menos de 100 camas, van a hacer un seguimiento de todo lo que se necesita durante el tiempo concreto que se use esa medicación o procederán a retirar los medicamentos caducados, optimizando así los recursos”, tal y como ha recalcado la consejera. A todo esto, ha añadido que mientras los centros superen el centenar de camas, el seguimiento se realizará “desde el hospital de referencia”.
Por todo ello, la portavoz regional ha señalado que lo regulado en esta norma ordena “un mercado que es un servicio público, de manera que los servicios de farmacia locales de las Zonas. Básicas de Salud atenderán a los centros sociosanitarios que se encuentren en esa zona”.
Así, ha comentado también que este decreto prioriza la asistencia farmacéutica desde la oficina de farmacia rural “y más específicamente de las zonas farmacéuticas despobladas para contribuir a su sostenibilidad”. Y es que de este modo, los profesionales “pueden atender a todos pacientes que tengan más cerca”.
Con un especialista en Farmacia Hospitalaria
Los servicios de farmacia de centros sociosanitarios funcionarán bajo la responsabilidad de una persona especialista en Farmacia Hospitalaria, un profesional que asumirá la responsabilidad técnica de la adquisición, correcta conservación, cobertura de las necesidades, custodia y dispensación de medicamentos, así como la preparación, la supervisión y la elaboración de fórmulas magistrales, preparados oficinales y sistemas de dispensación individualizada de medicamentos para las personas usuarias del centro.
Por último, Padilla ha señalado “la buena acogida que este decreto ha tenido en los profesionales de Farmacia de la región, quienes lo han visto muy necesario”.
Ocurrencias Fernández, 14 (O. F. 14/2024)
INVENTANDO NECESIDADES SANITARIAS
Aunque en la noticia no aparezca nuestro peculiar consejero de sanidad, es fácilmente deducible que esta chocarrería ha salido de su “selecto” entorno. La portavoz del gobierno regional, y por ende, dicha administración, demuestra un desconocimiento total sobre el funcionamiento de las residencias de mayores, los centros de discapacidad y los servicios de atención a drogodependientes. Ignoran que estos centros, particularmente las residencias de mayores, tienen otras necesidades más básicas y elementales, como es la falta de personal cuidador profesional.
Para mi, resulta asombroso que la administración sanitaria regional no ejerza un mínimo control sobre el funcionamiento de estos centros socio-sanitarios, especialmente sobre los negocios privados, derivándose de ello unos riesgos inaceptables para las personas atendidas en ellos.
Otro negocio, no menos lucrativo, son las farmacias, tan necesarias siglos atrás cuando los medicamentos se preparaban de forma “artesanal”, pero que hoy día han perdido protagonismo, por mucho que traten de reinventarse a través de funciones para las que no son competentes. Son unos intrusos cuando pretenden llevar a cabo el seguimiento clínico de pacientes. Su grado académico está enfocado a la función que realizaban hace muchos siglos, y desde luego, en absoluto les capacita para desarrollar cualquier tipo de actividad asistencial directa sobre un enfermo. Por lo tanto, lo de especializarse en “farmacia hospitalaria”, o “farmacia comunitaria”, resulta algo esperpéntico, considerando que se permite que el personal clínico más en contacto con el paciente, carezca de las especialidades reconocidas legalmente.
Opino que la farmacia rural o de zonas despobladas no puede, ni debe, asumir la atención clínica de las personas. Para ello ya existen profesionales formados académicamente para ello. La administración no debería favorecer el intrusismo y si proponer soluciones serias. ¿No sería más fácil y razonable reducir hasta la cuarta parte las plazas de formación de farmacéuticos que ofertan nuestras universidades?
Es vergonzoso que la consejera Padilla no explique cuanto costará a las arcas públicas, tarde o temprano, esta ocurrencia asistencial. Aunque nos da una pista: “la buena acogida” de los negocios botiqueriles.