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El alzhéimer afecta a más de 1.200.000 personas en España, lo que supone entre el 60% y el 70% de los casos de demencia, pero muchos pacientes se quedan fuera del radar sanitario, de ahí el ‘Pacto por el Recuerdo’.
Este acuerdo busca un plan nacional para abordar el alzhéimer
En este contexto, la Confederación Española de Alzhéimer y Otras Demencias (CEAFA) propone el ‘Pacto por el Recuerdo’. Y es que, a juicio de la presidenta de CEAFA, Mariló Almagro, la falta de un Plan Nacional, junto con la necesidad de asignar los recursos económicos adecuados, y la creciente prevalencia de esta patología obliga a actuar de manera coordinada y urgente.
A esta iniciativa se han sumado varias sociedades científicas y organismos, entre los que se encuentra el Consejo General de Enfermería. “El envejecimiento de la población va a hacer que el cuidado de las personas con Alzheimer y otras demencias incrementen su demanda de forma significativa, tanto en nuestro sistema sanitario como en servicios sociales; y debemos estar preparados para ello”, explica Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería. “Y las enfermeras, como profesionales más cercanos al paciente en todos los ámbitos sanitarios, tienen una función clave para detectar estos posibles casos, pero también para ayudar a los pacientes y a sus familiares tras el diagnóstico”, añade.
Peticiones
El Pacto por el Recuerdo solicita un censo oficial de pacientes que permita cuantificar realmente la magnitud de la enfermedad; conseguir un diagnóstico precoz para detectar la patología en estadíos tempranos y poder intervenir cuanto antes en su desarrollo; y un acceso equitativo a los mejores tratamientos farmacológicos, no farmacológicos y de cuidados.
Los afectados no son solo los pacientes que padecenalzhéimer, también lo sufren los familiares o cuidadores. En el manifiesto se hace especial hincapié en el colectivo de cuidadoras invisibles de estos pacientes, mayoritariamente mujeres, que abandonan su vida personal y profesional para cuidarlos y cuyo trabajo podría suponer el 3% del PIB, con un coste de unos 32.000 euros por familia.
