• Papel mojado en las Cortes

    El Decreto de Prescripción Enfermera y la presencia de sacerdotes en los hospitales públicos han centrado el debate en las Cortes de Castilla-La Mancha. Sin embargo, ambos temas sanitarios han quedado en una proposición no de ley, es decir, en papel mojado. PSOE y Podemos apoyan la supresión de ambos, del decreto y del pago de la atención religiosa, pero las Cortes carecen de fuerza para lograrlo. Se limitan a “instar” al Gobierno central. 

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    Enfermería es una piña en la oposición al decreto de prescripción de medicamentos.

    En el caso del Decreto de Prescripción Enfermera, PSOE y Podemos cuentan con el aval tanto del Colegio de Enfermería de Castilla-La Mancha como del sindicato Satse, ya que ambos colectivos han insistido en numerosas ocasiones en las dificultades que les genera el hecho de que dicha norma se esté aplicando. Aquí el PP ha optado por abstenerse y reconocer que se debería negociar qué fármacos deben estar sujetos únicamente a la prescripción médica.

    En cualquiera de los casos, el decreto, que, de momento, se tiene que aplicar, ha complicado la relación entre médico y enfermero. Ha enfrentado, incluso, a los colegios profesionales, que han llegado a verse las caras en los tribunales. Enfermería insiste en que tiene las manos atadas, que no puede hacer nada que no le dé por escrito el médico y que esta situación, con la presión asistencial actual, termina de desbordar su día a día. Los colegios de médicos, por su parte, consideran que la norma aumenta la seguridad del paciente.

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    La capilla es un servicio más en hospitales públicos y privados.

    Los capellanes

    La presencia de sacerdotes y capillas en los hospitales públicos también ha dado juego al escenario político. Podemos ha embarcado al PSOE hacia un camino que cuando tenía mayoría nunca inició.

    No obstante, la polémica medida se quedará, simplemente, en instar al Gobierno a que no pese sobre la Comunidad Autónoma el gasto que genera la asistencia religiosa en los hospitales, valorada en 425.000 euros anuales. Aquí el PP ha votado en contra de la iniciativa PSOE-Podemos, que ha dado lugar a un debate en el que ha quedado claro que, a corto plazo, ni se cerrarán capillas ni se irán los capellanes.