Diario Sanitario Periódico digital de información sanitaria.
El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Albacete, el doctor Blas González Montero, junto con el tesorero del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), el doctor Enrique Guilabert y otros cargos, ha asistido al Congreso de los Diputados donde se ha debatido la proposición de ley relativa a la publicidad de prestaciones y actividades sanitarias. Todas las corporaciones sanitarias han mostrado con unanimidad su rotundo apoyo a esta propuesta “que pretende proteger a los ciudadanos de la publicidad engañosa”.
En defensa de la información “exacta y verídica”
Según ha manifestado Guilabert, a la salida del Congreso, con esta Ley, a propuesta del Partido Popular, se pretende regular la publicidad sobre temas sanitarios para evitar engaños, así como eliminar todo tipo de promoción comercial o publicidad dirigida al público, y el uso de famosos para la recomendación de productos.
La propuesta persigue que toda la información sobre productos y bienes sanitarios sea exacta y verídica, y abre la puerta en su artículo décimo, sobre inspección y control, a que los Colegios Profesionales y Consejos Profesionales, en el ámbito de sus competencias, puedan partícipar y colaborar en el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley.
“Hemos escuchado el debate con atención porque creemos que la ley es muy apropiada y oportuna en el momento actual que estamos viviendo en el que día a día se produce publicidad engañosa en las redes sociales y en internet”, aseguran los representantes del CGCOM.
Proteger al ciudadano
Consideran que es necesario que se regule y apoyan esta propuesta de ley “porque pretende proteger al ciudadano de las personas y entidades que intentan engañar con ánimo de lucro a las personas más vulnerables”.
“Los colegios profesionales como organizaciones de derecho publico tenemos que ser garantes de que las prestaciones dirigidas a la salud sean de calidad y, precisamente, esta norma vela por ello”, destacan.
Asimismo, con unanimidad los Consejos Generales de las Profesiones Sanitarias “han pedido que los políticos luchen por los más vulnerables y se pongan de acuerdo todos por una ley que proteja a los pacientes, ahora más que nunca como se ha visto con el tratamiento para la COVID-19 y los engaños ocurridos”.
Reclaman una norma que proteja a los pacientes y controle las prestaciones sanitarias. Han considerado que “hay que proteger a los ciudadanos en un tema tan importante como es la salud y las pseudoterapias”.
“No se trata de un beneficio partidista sino en beneficio de la población y de la regulación de la publicada engañosa”, afirman.
“Inseguridad jurídica”
La norma, según se explica en su justificación es dar claridad a un ordenamiento jurídico actual en el que existe “una enorme dispersión normativa”, que en determinados casos “induce a error y genera inseguridad jurídica”, así como “un sistema de control muy laxo o cuasi inexistente, el cual no otorga a los pacientes o usuarios la protección esperada, y en el que quedan diluidas y poco delimitadas las competencias de cada una de las Administraciones”.
