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Las últimas cifras facilitadas por la Consejería de Sanidad reconocen contagios por coronavirus en la mitad de las residencias de Castilla-La Mancha, donde los datos -hace dos días que no facilitan estadísticas de positivos y fallecidos- advertían de más de 2.200 ancianos contagiados y 528 fallecidos por COVID-19. El sindicato Comisiones Obreras insiste, como las familias, en la falta de medios para atajar una crisis sanitaria que tiene el epicentro en los más vulnerables.
Hay más de 2.200 ancianos contagiados y más de medio millar de fallecidos por COVID-19
Comisiones Obreras advierte de la necesidad de medidas inmediatas
El sindicato Comisiones Obreras, que exige medidas inmediatas en las residencias, recuerda que las consejerías de Sanidad y Bienestar Social no han tomado medidas más allá de la actuación de la UME o de GEACAM para la limpieza y desinfección de los centros -muy útil y muy valorada-, y de la intervención de residencias por un equipo de profesionales del
Sescam. Pero el sindicato insiste que “ni trabajadoras ni centros conocen otras medidas ni actuales ni futuras para acabar con el verdadero problema: la hemorragia de fallecimientos que no cesa”.
No se sabe qué hacer en centros donde no es posible el aislamiento, ni quién tiene la obligación de vigilar la salud de las plantillas (empresas o Sescam), ni quién debe proporcionar las mascarillas o los EPI, ni quién debe pasar los test de detección, ni los criterios que se van a seguir, ni el orden de prioridades.
Funerarias
Incluso la Instrucción de la Consejería de Sanidad para el trabajo en Hospitales, centros residenciales y funerarias con cadáveres confirmados con Covid-19 o síntomas compatibles adjudica esta tarea, en el caso de las residencias, al “personal auxiliar que haya estado administrando el tratamiento o cuidados a la persona fallecida”, olvidándose que no tienen ni la formación ni los equipos de protección individuales adecuados para realizar el procedimiento según la normativa del Ministerio de Sanidad.
Ni infraestructura ni personal ni medios
Las residencias de mayores, las de personas discapacitadas y los centros residenciales análogos, están clasificados como sociosanitarios. Eso implica que no tienen infraestructura, ni personal, ni medios para tratar a personas contagiadas; aunque ahora, como pueden, lo estén haciendo. “No creemos que esta afirmación sorprenda a nadie, y si es así es que existe un desconocimiento total y absoluto del sector”.
Un tercio de las cifras
Y mientras tanto, “constatamos día tras día las macabras cifras de fallecimientos, de los que al menos un tercio se registran en residencias de mayores. Más de la mitad de las más de 350 residencias públicas y privadas de la región tienen casos; y hay un número indeterminado, pero grande, de muertes que no computan porque no están diagnosticadas”, explica el sindicato en un comunicado.
ERTES
Por si esto fuera poco, algunos centros de gestión privada, ante la pérdida importante de residentes y, por tanto, de ingresos, están estudiando ya la posibilidad de hacer ERTES. Es decir: “después de aguantar el tremendo esfuerzo, físico y emocional, que les está exigiendo la actual situación, a los profesionales lo mismo les espera el paro cuando esto acabe”.
Medidas inmediatas
En este contexto, el sindicato Comisiones Obreras exige de nuevo “al Gobierno de esta región que de forma inmediata tome las medidas necesarias que ya las conoce y solo tiene que ponerlas en marcha para acabar de una vez por todas con esta durísima realidad; y empiece a estudiar junto con empresarios y sindicatos un plan de futuro para este sector tan injustamente castigado”.
