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La mayoría de los médicos son objetores, por lo que en la sanidad pública de Castilla-La Mancha, en el Sescam, no se llevan a cabo abortos programados. Las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), de las que se practican más de 3.000 al año, tienen lugar en centros privados concertados con el Sescam.
La consejera de Igualdad pide respeto tanto para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo como para los médicos que optan por objetar
Así lo ha recordado hoy en rueda de prensa la consejera de Igualdad y portavoz Blanca Fernández, quien ha pedido respeto tanto para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo como para los médicos que optan por objetar. No obstante, Fernández ha puntualizado que si bien no se practican abortos programados, la sanidad pública sí actúa cuando la madre o el feto están en peligro.
La consejera se ha referido a esta cuestión en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre el proyecto de ley para modificar el Código Penal en relación con las personas que se manifiestan a las puertas de las clínicas privadas donde se practican estos abortos.
En este contexto, Fernández ha dicho que estas situaciones también se dan en Castilla-La Mancha, por lo que considera que se trata de un cambio normativo necesario.
Según los primeros registros, en 1988 Castilla-La Mancha registró 772 IVE. Una década después, en 1998, la cifra aumentó hasta los 1.470 abortos, alcanzando en 2008 los 3.655. El cambio de la Ley, en 2010, provocó que en 2011 se llegara a las 4.192 interrupciones. Y, finalmente, después de un lustro de descenso de las cifras, en 2017 se registraron 3.023 abortos.
Desde un principio, el Sescam ha sufragado los gastos del aborto, pero ningún ginecólogo lo practica en los hospitales públicos, por lo que las intervenciones se derivan a clínicas privadas.
Duelo perinatal
Cabe recordar que más de 30 asociaciones relacionadas con el acompañamiento al duelo gestacional, perinatal y neonatal han presentado el «Manifiesto por un trato humanizado y digno para la salud integral (física, mental, emocional y social) de las mujeres y familias que pasan por la experiencia de interrumpir su embarazo».
Se trata de un documento en el que solicitan, entre otras cuestiones, un protocolo unificado y estandarizado a nivel nacional de atención al parto en casos de muerte gestacional, perinatal y neonatal, incluidas todas las interrupciones de embarazo. En este documento, se pide la creación de un circuito que permita abortar en la sanidad pública.
