• Anorexia y bulimia regresan a la agenda política

    La pandemia ha agravado un problema que ya existía en Castilla-La Mancha, los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), como la anorexia y la bulimia. Las listas de espera, el agravamiento de la salud mental de los jóvenes y la necesidad de prevenir han llegado a las Cortes de Castilla-La Mancha.

    TCA Castilla-La Mancha
    Imagen de una madre en la que compartía la fotografía de su hija para concienciar sobre el problema de la anorexia nerviosa.
    • «En Castilla-La Mancha se han disparado los casos de ansiedad, autolesiones, síntomas depresivos, trastornos obsesivo-compulsivos, de la conducta alimentaria, ideas e intentos de suicidio», ha advertido Ciudadanos en la defensa de la PNL.

    Las Cortes piden una unidad de referencia para TCA en cada provincia de Castilla-La Mancha

    Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves, a propuesta de Ciudadanos, una proposición no de ley (PNL) para mejorar la prevención de los trastornos de conducta alimentaria (TCA) que, entre otras medidas, pide una unidad en cada provincia. Esta propuesta conjunta ha salido adelante por unanimidad.

    El texto resultante pide en su primer punto “garantizar que haya una unidad funcional de trastornos alimentarios en cada provincia, adecuando la dotación de plazas de hospitalización y de profesionales de la salud mental necesarios para poder realizar las terapias, individuales o de grupo, adaptadas a las necesidades de cada paciente”.

    Entre las medidas que incluye esta PNL, se encuentra también la existencia de “un recurso eficaz” para quienes hayan permanecido más de 30 días para acceder a una unidad. También se pide un descenso en las ratios de profesionales de salud mental conforme a la media de la UE.

    Informar para concienciar

    Además, se proponen campañas informativas para concienciar sobre estos trastornos, mejorando los mecanismos de coordinación entre personal educativo y sanitario.

    Del mismo modo, la PNL pide al Gobierno central “adoptar las medidas necesarias para la protección de los menores en Internet frente a la difusión de sitios web que fomenten trastornos de la conducta alimentaria”.

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