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Cumplida, hace ya un año, la vigencia de los contratos del Transporte Sanitario de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, donde se adjudicaron por la vía de urgencia tras la rescisión a las empresas que lo prestaban. Y cumplida también la prórroga del contrato en la provincia de Toledo, aún no se han publicado los pliegos de condiciones para volver a sacar a concurso estas contratas.
Comisiones Obreras defiende la gestión directa y estima un ahorro de 18 millones de euros
En este contexto, sindicatos, como es el caso de Comisiones Obreras, creen que ha llegado el momento de que la gestión sea pública, dado el historial de contratiempos que acumula un servicio que sufren tanto sus trabajadores como los pacientes. “Creemos que la Junta de Comunidades debe dar un paso al frente y proceder a estudiar la viabilidad económica de la gestión directa del servicio, al igual que se está haciendo en Cantabria, donde se estima que la gestión directa de este servicio público esencial permite el ahorro de unos 18 millones de euros”, señalaba recientemente Alfonso Tercero, coordinador del Sector de Transporte en Comisiones Obreras.
En la actualidad, se debe proceder a una subida salarial del 13%, que fue pactada en el convenio vigente después de siete semanas de huelgas durante el año 2020, convocadas por CCOO, USO y los comités de empresa de Ciudad Real y Cuenca. Y que no ha estado exento de avatares los años sucesivos para conseguir la aplicación de cada una de las subidas pactadas.
“Las dificultades que suponen tener que denunciar una y otra vez los incumplimientos salariales y laborales de las empresas beneficiadas con las contratas del Transporte Sanitario de la región; el uso fraudulento de los contratos temporales y de formación; la falta de cumplimiento de las normas de prevención de riesgos que no garantizan la salud de los trabajadores; la prestación del servicio en muchas ocasiones con vehículos en malas condiciones… hacen necesario reconsiderar el modelo actual de externalización del servicio”
“Un servicio público esencial que a nuestro entender debe gestionar y prestar directamente la Administración”, recalca Tercero.
Deterioro del servicio
“No podemos seguir contemplando impasibles cómo, concesión tras concesión, las empresas deterioran el servicio a costa de los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía, anteponiendo siempre el lucro empresarial por encima del interés público”.
