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“Una médico denuncia a cuatro pacientes”. “La emprende a martillazos contra el coche de su facultativo”. “Insultos racistas en el centro de salud”. “Golpea a su médico en la cabeza”. Estos son algunos de los titulares que se han podido leer en el último año, donde una médico, aunque contaba con órdenes de alejamiento para protegerla de sus pacientes, se ha tenido que marchar de Hellín, la población donde trabajaba. Depende de las zonas y de la especialidad, pero las amenazas, insultos y lesiones no son anecdóticas y no dejan de aumentar, de ahí que colegios profesionales como el de Albacete pidan medidas de seguridad en Atención Primaria.
Bajo el lema “Ante las agresiones a sanitarios, tolerancia cero” y el hashtag en redes sociales #stopagresiones, el Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), que se puso en marcha hace siete años, ha presentado los datos de violencia registrados en 2016 que ascienden a 495 casos frente a los 361 del año anterior, lo que supone un aumento del 37,12%.
En el caso de Castilla-La Mancha, esta región presentó 22 casos en 2016, frente a los 9 de 2010, lo que ha supuesto el mayor número de agresiones desde que las contabiliza la OMC.
A nivel nacional, los datos registrados también revelan un notable crecimiento de estas conductas violentas en el ámbito sanitario (354, 344, 361 y 495 agresiones en 2013, 2014, 2015 y 2016), lo que supone un repunte en la tendencia descendente desde 2010 (451), año en el que se creó el Observatorio Nacional de Agresiones.
La corporación colegial ha explicado en un comunicado que considera positivo que este tipo de conductas violentas se comuniquen, aunque lamenta que, en muchos casos, tienen relación con situaciones que se vienen denunciando como la masificación de las urgencias, la falta de equidad en la atención sanitaria, el aumento de las listas de espera o la precariedad laboral de los profesionales.
La OMC, junto con los 52 Colegios de Médicos de toda España, puso en marcha este Observatorio a raíz de la muerte, en 2009, de la doctora María Eugenia Moreno, una residente de 34 años que fue asesinada por un paciente cuando se encontraba trabajando en el centro de salud de Moratalla (Murcia).
La entrada en vigor, el 1 de julio de 2015, de la reforma del Código Penal que contempla las agresiones a sanitarios que trabajan en el sector público como delito de atentado contra la autoridad, ha sido el logro más importante en la lucha contra este problema, pero es necesario que esto se extienda a los profesionales que trabajan en la sanidad privada, sector en el que en 2016 se han producido el 13% de las agresiones registradas a través de los colegios de médicos.
Lesiones, amenazas, coacciones, maltrato, injurias y vejaciones centran la mayor parte de las 2.914 agresiones que han sufrido los médicos en el ejercicio de su profesión en toda España en los seis últimos años, según los datos del Observatorio. De los 495 casos de violencia que se contabilizaron en 2016, el 13,4% de ellos acabó con lesiones, un 28,6% menos que el año anterior, el 45,7% fueron insultos y el 40,9% amenazas.
En cuanto a las causas principales de las agresiones, el 42,8% se producen por discrepancias en la atención médica; el 15% por el tiempo en ser atendido; el 11,1% por no recetar lo propuesto por el paciente; el 11,1% por discrepancias personales; el 9,3% por informes no acordes a sus exigencias; el 6,3% en relación a la incapacidad laboral; el 4,5% por el mal funcionamiento del centro; y el 18% por otras causas.
