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Cuando los encuestadores del Barómetro Sanitario le preguntaron a María “si había dejado de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos”, ella contestó que sí.
María tiene 65 años y su marido, Antonio, tiene 70. Él es pensionista, y cobra 900 euros al mes. Ella trabajó limpiando casas, pero sin contrato y sin derecho a pensión. Tienen 3 hijos y 5 nietos. El hijo mayor, Antonio como su padre, quedó en paro en 2009. Desde entonces solamente ha conseguido empleos ocasionales y mal retribuidos. Su mujer, Laura, trabaja como cajera en supermercados, por horas, con ingresos mensuales de 300 a 500 euros. Tienen 3 hijos.
Antes de que llegara la crisis, en 2007, empezaron a comprarse un piso. Tenían que pagar de hipoteca 650 euros al mes. Cuando despidieron a su hijo María empezó a ocuparse de la comida de sus nietos, su hijo y su nuera, y de algunos recibos. Volvió a limpiar algunas casas para lograr un ingreso adicional.
El dinero estaba muy justo. Desde que en 2012 pusieron los copagos a pensionistas y quitaron la financiación pública a más de 400 medicamentos, más de una vez María no ha podido retirar el medicamento que le habían recetado a ella o a su marido.
Con lo que tiene que pagar por los medicamentos ella puede comprar la comida de una semana para siete personas (lentejas, alubias, pasta, arroz, garbanzos, patatas, cebollas, huevos, leche, aceite, naranjas y manzanas). Por eso, durante estos años María ha tenido que elegir entre comprar comida o ir a la farmacia a por las pastillas.
Hablamos de 1.400.000 españolas y españoles.
Más de 1,4 millones de españoles son María
No son uno ni dos. Como María, en 2018 un millón cuatrocientos mil españolas y españoles han visto vulnerado en su derecho a recibir los medicamentos que les ha prescrito su médica; han visto vulnerado el derecho humano a la atención sanitaria.
En efecto, según el Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el 3% de las personas encuestadas declararon que en los últimos 12 meses dejaron de tomar un medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos (pregunta 16). Equivale a 1,4 millones de personas.
Esta cifra es mejor que la de 2017 y esto es positivo. Pero sigue siendo muchas personas, muchas familias. Y no hay derecho.
El gasto en medicamentos es una carga pesada para el 8,2% de familias
En una encuesta de Eurostat publicada el 19/2/2019 sobre la carga que suponía la atención sanitaria en los presupuestos familiares, se encontró que para el 8,2% de los hogares españoles el gasto en medicamentos supuso una carga elevada, “pesada”, para el presupuesto familiar (Eurostat, 2019). Y para otro 48,5% supuso alguna carga financiera (2).
El Barómetro Sanitario que citamos antes explora cuánto han pagado en medicamentos recetados por su médico/a de la sanidad pública en el último mes (pregunta 15). Un 5,2% de los encuestados han pagado más de 40 euros. Y otro 6% ha pagado entre 21 y 40 euros. Hasta 20 euros han pagado el 35,6% de los encuestados.
Hay quienes argumentan que no es mucha cantidad. Pero muchos pensionistas, muchos trabajadores con sueldos bajos, con trabajos inseguros, que tienen que hacerse cargo de la comida y el cuidado de otros familiares en paro, de hijos y nietos, con 17,5 euros dan de comer una semana a siete personas.
Peor para quienes no pueden acudir al centro de salud
La situación es más grave todavía para las personas que viven en España pero no tienen acceso a la sanidad pública, no pueden acudir al centro de salud y no les pueden prescribir medicamentos. Es verdad que el Gobierno aprobó un Real Decreto Legislativo, el 7/2018, para que todas las personas que residen en España tuvieran derecho a la atención sanitaria, y esto fue muy positivo; pero no se ha desarrollado el reglamento para aplicar de forma efectiva la norma, y hay diferencias importantes en su aplicación en las diferentes Comunidades Autónomas.
Además, en el RDL existen “importantes grietas por donde se seguía filtrando la exclusión sanitaria”. Un grupo de asociaciones que trabajan por el derecho a la sanidad universal (Amnistía Internacional, REDER, yo Sí sanidad universal y otras) escribían al Ministerio para pedir que se aprobara el reglamento del RDL corrigiendo estos problemas para que todas las personas tengan derecho efectivo a la atención sanitaria.
Hay dinero, pero se lo llevan otros.
8.000 millones anuales que marcan la diferencia
Si, al mismo tiempo que se imponen copagos, y se dificulta el acceso a la atención sanitaria a miles de personas, sabemos que estamos pagando con dinero público unos sobre-precios a las empresas farmacéuticas por valor de 8.000 millones de euros anuales, debemos reclamar justicia. Debemos exigir que se rebajen drásticamente los precios abusivos de los nuevos medicamentos, y que con esos recursos se garantice que todas las personas tengan acceso al medicamento que necesiten. María y Antonio también tienen derecho a poder tomar sus medicinas.
