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Castilla-La Mancha es una de las tres comunidades autónomas, junto a Castilla y León y Navarra, que cuenta con un procedimiento administrativo sancionador específico para las agresiones a los profesionales del ámbito sanitario. Va a permitir imponer una multa económica a los autores de cualquier agresión física o verbal que se produzca dentro del ámbito sanitario, independientemente de la pena que pueda llegar por vía judicial. El año pasado se registraron 646 incidentes en este sentido.
Frente común para frenar las agresiones
Así lo ha explicado hoy el director gerente del Sescam, Alberto Jara, durante la reunión del Pleno del Observatorio de la Violencia para prevenir las agresiones al personal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). Un foro de encuentro en el que están representados el Gobierno regional, el Gobierno central, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Colegios Profesionales y los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial.
Tal y como ha indicado Jara, este procedimiento administrativo sancionador entró en vigor a finales del pasado mes de noviembre tras la publicación del Decreto de competencias sancionadoras en el ámbito de las competencias de la Consejería de Sanidad.
En él se determinan los órganos competentes para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores en base a las acciones tipificadas como infracción en la Ley sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha.
El objetivo, según ha señalado el director gerente del SESCAM, es que, con independencia de la vía judicial que se pueda iniciar, cualquier agresión física o verbal que se produzca dentro del sistema sanitario pueda ser sancionada económicamente, aparte de la denuncia por la vía penal que pueda interponer cada profesional.
Más ágil
“Con esta actuación ampliamos el radio de protección de los trabajadores del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y nos dotamos de un procedimiento más ágil que la vía judicial”, ha destacado Jara. Ha añadido que esta herramienta complementa el apoyo jurídico que ya venía prestando el Gobierno regional a los profesionales del ámbito sanitario.
Tras la publicación del Decreto el pasado mes de noviembre, desde la Dirección General de Recursos Humanos y Transformación del SESCAM se han mantenido reuniones con los delegados provinciales de Sanidad puesto que, tal y como se recoge en el mismo, son éstos quien tienen la competencia para iniciar los procedimientos sancionadores.
En cuanto a los órganos competentes para resolver estos procedimientos, en el caso de las infracciones calificadas como leves serán los delegados provinciales de Sanidad; los directores generales de la Consejería de Sanidad, en el ámbito de sus respectivas competencias, para las sanciones de infracciones calificadas como graves; el titular de la Consejería de Sanidad para las muy graves que no superen los 120.000 euros; y el Consejo de Gobierno para las muy graves que superen esa última cantidad.
Multas desde 600 euros
Según se recoge en la Ley sobre Derechos y Deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha, las infracciones leves hacen referencia a la destrucción o deterioro de bienes instalaciones y servicios sanitarios; graves, a la falta de respeto, amenazas e insultos a los profesionales de los centros sanitarios; y muy graves, a las agresiones físicas. La sanción mínima en el caso de faltas leves es de 600 euros; de 3.000 euros en el caso de las graves; y de 15.000 euros en el de las muy graves.
A partir de las próximas semanas, desde la Dirección General de Recursos Humanos y Transformación se iniciará una ronda de visitas por las distintas gerencias dependientes del SESCAM con el fin de dar a conocer este nuevo procedimiento y todas las cuestiones relacionas con su puesta en marcha.
Registro de incidentes
Por otra parte, en la reunión del Pleno del Observatorio también se ha dado cuenta del informe anual que realiza el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en cuanto a incidentes registrados a lo largo del año pasado y de las asistencias letradas llevadas a cabo por el SESCAM y las acciones de personación como acusación particular de la Junta de Comunidades.
Así, según los datos del Registro de Evaluación de Conflictos del Plan Perseo, durante el año pasado se registraron 646 incidentes. El mayor número de registros proceden de Atención Primaria; las consultas son el área donde más se producen; el 77 por ciento de las declarantes son mujeres; y el porcentaje más alto son profesionales de la Medicina, con un 46 por ciento.
En cuanto al tipo de agresión, la gran mayoría de los episodios conflictivos responden a incidentes de tipo verbal, más del 93 por ciento; mientras que las agresiones físicas supusieron el 3,2 por ciento del total, sumando poco más del uno por ciento las de tipo escrito y un 2 por ciento las que afectan al patrimonio.
Descenso
El director gerente del Sescam ha destacado como en los dos últimos años se ha producido un descenso en el índice de incidentes registrados, en porcentaje por 1.000 trabajadores, habiendo pasado de 20,56 en el año 2021 a 17,57 el año pasado.
En cuanto a las asistencias letradas, el año pasado fueron 43 como consecuencia de episodios violentos. El 93 por ciento de las peticiones de auxilio jurídico han venido motivadas por insultos y amenazas y el resto por agresión física a los profesionales sanitarios. El 75 por ciento de los procedimientos terminados judicialmente finalizaron con una sentencia condenatoria, siendo dos de ellas por delito de atentado.
