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Fuentes de la Fiscalía han confirmado la inminente apertura de diligencias de investigación penales ante los hechos denunciados por el Sescam. Y es que el Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha ponía en manos de la justicia el día 25 de abril la documentación “con indicios relevantes” de una posible filtración en el examen de Medicina Familiar y Comunitaria.
Era el propio director general de Recursos Humanos del Servicio Regional de Salud, Iñigo Cortázar, quien hablaba de “indicios relevantes”. Cortázar aseguraba en rueda de prensa que el Sescam está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer si se ha producido esa posible filtración porque consideraba “lamentable” que se esté jugando con la “ilusión” de los 924 aspirantes que se presentaron al examen para obtener una plaza en propiedad como especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Sindicato Médico (CESM) pedía entonces que los futuros tribunales de oposiciones cuenten con vocales elegidos de forma aleatoria, ya que en estos momentos son sólo potestad del Sescam, y el Partido Popular exigía la comparecencia del consejero de Sanidad, Jesús Fernández, en las Cortes, para dar explicaciones sobre este escándalo.
La oposición ha advertido además de preguntas totalmente intencionadas, de índole político, en exámenes de Sanidad, así como de las sospechas de que las presuntas irregularidades se extienden a más oposiciones.
La oposición advierte de preguntas de índole político
Pero mientras la prueba del 8 de abril está en manos de la justicia, el proceso selectivo está en suspenso. La oposición, correspondiente a la Oferta Pública de Empleo de 2016, ha tardado dos años en celebrar sus primeros exámenes. Después de esta espera y casi una década sin oposiciones, las sospechas de filtración dejan la prueba de Médico de Familia en el aire.
El Sescam, por su parte, ha asegurado que ha llevado a cabo una investigación interna para recabar toda la información posible acerca de la existencia de ese posible acceso no autorizado al contenido del mencionado examen. No obstante, será la autoridad judicial la que tendrá que determinar si se ha cometido un delito.
