Los cuatro poderes de la Sanidad

En la mayoría de las tertulias y comentarios de los medios de comunicación, en lo que a la Sanidad se refiere, se vierten argumentos a favor y en contra de las distintas gestiones y políticas emprendidas a este respecto. A pesar de que la mayoría de las intenciones de los responsables buscan asegurar el bienestar sanitario de la población atendida, lo cierto es que desde las distintas ideologías se vierten críticas feroces a la gestión ajena de los recursos sanitarios. Repasemos, por un momento, el papel que juegan los protagonistas de esta cuestión.

El primero es el poder político, máximo responsable de su funcionamiento, y que periódicamente debe rendir cuentas ante el electorado del que deriva su nombramiento. En España hemos alcanzado un bienestar sanitario que en algunas cuestiones -sirva de ejemplo la política de trasplantes- goza de un bien ganado prestigio mundial. No creo que a estas alturas exista partido político alguno que tenga en su ideario la demolición de la sanidad tal y como la concebimos hoy día. Defender la supresión de las prestaciones alcanzadas en nuestro sistema sanitario abocaría a la formación política responsable de esta abolición al más estrepitoso fracaso electoral. Políticamente, pues, estamos en un punto sin retorno, en el que la tendencia navega más por aumentar la oferta de servicios que por adelgazar los existentes.

El poder político depende del elector, el poder gestor depende del político y a menudo es utilizado por éste

El segundo protagonista sería la parte Gestora. Es la encargada de priorizar unas cuestiones sobre otras y de garantizar las distintas prestaciones estando sujeto todo ello a un presupuesto finito. También esta pata de la mesa está sujeta a control de forma que un descarado traspiés, una mala gestión global o un pufo maloliente acabará, más pronto que tarde, con su prestigio como gestor y con su futura renovación. Aunque gestionar tal descomunal presupuesto no es tarea fácil, a menudo los gestores son cesados, más por cuestión estética y de lavado de cara, que por una somera evaluación de su proceder. Así como el poder político depende del elector, el poder gestor depende del político y a menudo es utilizado por éste como cabeza de turco de una mala gestión política.

El profesional es el único que debe responder de su gestión personalmente

La tercera pata de la mesa pertenece al profesional encargado de prestar el servicio, cuyo último responsable es el médico. Este es el único que debe responder de su gestión personalmente tanto ante el poder gestor del que depende orgánicamente, como de la población asistida que enjuiciará sus actuaciones, a menudo, bajo el prisma subjetivo de la actuación prestada. La característica fundamental que lo diferencia de los dos poderes antes mencionados es que responde penalmente de todas y cada una de sus actuaciones siempre que la población asistida así lo considere. Una mala praxis, por actuación indebida o por omisión o negligencia lo llevará ante los tribunales y responderá personalmente ante el poder judicial. Es, pues, de las tres patas descritas hasta ahora, la que presenta mayor vulneración y sobre la que descansa la casi totalidad de las denuncias presentadas por el usuario.

El cuarto poder

Pero existe un cuarto poder, al que nunca se le exige responsabilidad alguna ni siquiera cuando hace un uso abusivo o fraudulento de los servicios, quizá derivado de su condición de paciente, es decir, de persona que precisa de una atención sanitaria por una pérdida de salud. Sus pretensiones, en no pocas ocasiones, carecen de límite y se ven avaladas por la convicción de que la Ley les ampara pues son ellos los que, con sus impuestos, sostienen el Sistema y por tanto son merecedores de atención sanitaria dónde, cuando y como la soliciten. Los que han de lidiar con la población demandante no son los poderes políticos, ni los gestores; son los profesionales, que, dicho sea de paso, lo hacen de manera satisfactoria en la apabullante mayoría de los casos. No obstante, nadie se atreverá a poner coto a las abusivas conductas de determinados usuarios, pues ello supondría un freno a la barra libre que, antes o después, será utilizado por los contrarios para captar esos votos.

La medicina defensiva (…) no hay presupuesto que la soporte

El otro día salió en la prensa una relación de errores médicos -amputaciones a pacientes sanos por error, intervenciones quirúrgicas no justificadas, graves secuelas por actuaciones negligentes, …- que supondrán, además de la prohibición de ejercer su profesión, una condena penal y económica que arruinará la vida del profesional. No voy a entrar en la valoración de la pertinencia de estas sanciones, probablemente justificadas, pero dejo en el aire una pregunta, ¿no hay nada que pueda hacerse para que la población atendida pueda también ser fiscalizada cuando en su conducta se aprecien abusos y fraudes que puedan facilitar o propiciar la comisión de errores por parte de los profesionales? La atención sanitaria universal y de plena accesibilidad, aunque cara, puede estar sujeta a presupuesto. En cambio, la medicina defensiva, cada vez más extendida y fomentada entre otras cuestiones por la intolerancia al malestar -que no por la presencia de enfermedad- no hay presupuesto que la soporte.