CESM aplaude el auto por las mascarillas defectuosas

Se habían comprado 500.000 mascarillas defectuosas Garry Galaxy en España, de las que Castilla-La Mancha había adquirido 82.000 y repartido 26.000. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se muestra ahora satisfecha con el auto emitido por la Audiencia Provincial de Madrid este martes en el que se resuelve estimar el recurso de apelación interpuesto por CESM y revocar la resolución que ordenaba el archivo de las actuaciones en la causa de las mascarillas defectuosas entregadas al personal sanitario durante la primera ola de la pandemia por COVID. Llegaron el 7 de abril y los profesionales estuvieron diez días usándolas.

A los 3,5 minutos de su uso dejaban de ser efectivas

Esta decisión supone la obligación de que el Juzgado de Instrucción dé comienzo a la investigación penal con la práctica de, además de las diligencias que se consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos, dos concretas; reclamar al Instituto de Salud Carlos III y al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) certificación de resultados de análisis de las mascarillas adquiridas por el Ministerio de Sanidad y fecha de encargo, recepción de muestras, fecha y persona que emitió el informe -entre otros datos- y exigir al Ministerio de Sanidad información sobre el proceso de adquisición y retirada de las mascarillas defectuosas.

Se trata, en definitiva, de una obligación para que el juez de instrucción investigue quién gestionó todo el procedimiento referente a las mascarillas entregadas, como qué pasos se siguieron, quiénes fueron los responsables, si hubo instrucciones u órdenes por parte del ministerio y de quién venían estas en caso de que no se deba actuar directamente contra el ministro, etc.

Ante esta situación, CESM celebra esta nueva decisión judicial que supone la obligación de aportar todos los datos posibles sobre cómo se llevó a cabo aquel procedimiento y se mantiene a la espera de que se articule toda la información reclamada para poder sacar conclusiones y valorar si es necesario actuar jurídicamente contra más personas con cargos intermedios o deriva en su momento en una querella contra el exministro de Sanidad, Salvador Illa, como máximo responsable de proporcionar material de protección defectuoso a los profesionales.