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Los técnicos de las ambulancias del Sescam, servicio que se presta a través de contratas, tienen pendientes de pago más de 1.000 euros, lo que se traduce en 1,7 millones que han dejado de percibir 1.700 trabajadores. Así lo ha denunciado el sindicato Comisiones Obreras, que exige al Sescam que abra los correspondientes expedientes contra las empresas; expulse a las contratas y asuma la gestión del servicio.
Comisiones Obreras no descarta retomar movilizaciones y huelgas
“Desde las postrimerías del estado de alarma apostamos por las demandas individuales de cantidad como vía más rápida y efectiva para reclamar los atrasos y la actualización de los salarios. Tenemos planteadas ya cientos de demandas”, indica Alfonso Tercero, representante de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha.
“Pero los procesos jurídicos por conflicto colectivo emprendidos unilateralmente por otro sindicato van a posponer sine die la resolución de las demandas individuales, que quedarán paralizadas mientras las empresas quieran, porque les basta con agotar los recursos hasta llegar al Supremo para seguir alejando en el tiempo el abono de las deudas”.
“Por ello, no descartamos la acción sindical directa, la convocatoria de movilizaciones y huelgas en las tres empresas concesionarias, SGG en Albacete, Ciudad Real y Guadalajara, UTE Ambulancias Cuenca y Sanroman en Toledo”.
El papel del Sescam
“También el Sescam puede y debe actuar para forzar a las empresas a pagar; porque es su obligación velar por el cumplimiento del convenio colectivo y porque tiene capacidad jurídica y administrativa para sancionar los incumplimientos e incluso para rescindir los contratos de las empresas incumplidoras, que lo son todas”.
Derecho a la Salud
“Y no solo incumplen de los derechos salariales acordados en el Convenio Colectivo, Incluido el derecho a la salud, del que han quedado totalmente despojadas las plantillas del transporte sanitario durante el periodo de alerta por COVID-19, tal y como ha constatado la Inspección de Trabajo, que ya ha remitido a la consejería de Sanidad las correspondientes actas de infracción. Le corresponde ahora a la Consejería determinar la responsabilidad de las empresas: otro motivo más para revisar los contratos que ligan al Gobierno regional con estas contratas incumplidoras”, subraya el sindicato en un comunicado.
“Exigimos al Sescam que abra ya los correspondientes expedientes contra las empresas, que debieran acabar con la expulsión de las contratas y la asunción directa de la gestión del servicio por parte del propio Sescam, como venimos reclamando desde hace mucho tiempo”, añade Tercero.
Incremento de costes
“Si el Gobierno de Castilla-La Mancha hace cuentas, la conclusión es evidente: las contratas interpuestas incrementan los costes de la prestación del servicio. Y la experiencia demuestra que no aportan una mejor gestión, sino todo lo contrario; además de incurrir en constantes incumplimientos de los pliegos de condiciones y de vulnerar de forma reiterada los derechos salariales y laborales de las plantillas”.
