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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La-Mancha condena al Sescam a pagar 600.000 euros por la muerte de un paciente. Según informa la asociación El Defensor del Paciente, falleció a causa de una hemorragia en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.
El Sescam tendrá que indemnizar a la familia del paciente, que falleció en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca
La Justicia considera que el Sescam tiene que pagar 600.000 euros por la muerte de un paciente que falleció a causa de una hemorragia a los 42 años. La sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha no comparte la fundamentación del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca, revocando la misma y reconociendo como hechos acreditados que el paciente llegó al centro sanitario para la extirpación del bazo. Tenía una esplenomegalia acusada (bazo agrandado), trombopenia y déficit congénito leve de Factor VII, circunstancias que alteraban la coagulación del paciente.
En la intervención, en julio de 2017, se produjo la lesión de un arteria que pasó inadvertida. Desde su ingreso se constató que padecía taquicardias y dolor abdominal que no cesaban a pesar de los fármacos analgésicos suministrados.
Tras tres horas y media en reanimación, y como consecuencia de haber perdido casi cuatro litros de sangre, se produjo un daño hipóxico que le condujo al fracaso multiorgánico falleciendo al día siguiente de la intervención.
Hemorragia
El Tribunal reconoce en la sentencia, tal y como subraya la asociación, “que la hemorragia no fue súbita, sino que existían signos suficientes que evidenciaban la presencia de la misma desde su ingreso en REA y que pudo haberse detectado por medio de ecografía abdominal y una mejor monitorización del paciente”.
A juicio de la presidenta de la asociación ‘El Defensor del Paciente’, Carmen Flores: “Es importante que los Tribunales contemplen los hechos del debate de acuerdo con la realidad y vayan perfilando una Jurisprudencia coherente, descartando la aplicación abusiva de la figura de la pérdida de oportunidad”.
La defensa del caso ha sido tramitada por Francisco Javier Fernández-Bravo García, abogado especialista en Derecho Sanitario adscrito a los servicios jurídicos de la asociación ‘El Defensor del Paciente’.
