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El número de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en España durante 2022 aumentó un 9,01% respecto al año anterior, llegando a registrarse un total de 98.316 IVE. En el caso de Castilla-La Mancha, se registraron 3.294 abortos voluntarios, lo que se traduce en un aumento del 2,76%.
Castilla-La Mancha registra trece abortos en menores de 15 años
- En Castilla-La Mancha, 13 de las 3.294 mujeres que recurrieron a las interrupciones voluntarias del embarazo eran menores de 15 años y 363 tenían entre 15 y 19 años, mientras que 735, el grupo más numeroso, estaba entre los 20 y los 24 años.
- IVE en Castilla-La Mancha en 2022
- Albacete: 606.
- Ciudad Real: 713.
- Cuenca: 305.
- Guadalajara: 495.
- Toledo: 1.175.
Según se desprende del Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo la tasa de IVE en 2022 fue de 11,68 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, frente a los 10,70 de 2021.
La Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad apunta que este dato es acorde con las fluctuaciones de las tasas entre el 10 y el 12 por mil de los últimos años, y una vez terminada la pandemia se ajustan a los parámetros de la última década.
Como indica el Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, la mayor parte de las IVE tiene lugar durante las primeras semanas del embarazo. Así, el 73,04% se registró antes de la octava semana de gestación; mientras que otro 21,9% se produjo entre las ocho y las 14 semanas.
Las 98.316 interrupciones incluidas en el Registro Estatal fueron realizadas en un total de 222 centros autorizados en todo el territorio nacional, el 82,70% de ellos centros derivados y el 17,02% centros públicos.
En cuanto a la edad de las mujeres, las menores de 20 años representan el 10,61% del total.
El 41,28% de las mujeres declaró no usar método anticonceptivo
En este contexto, el Ministerio de Sanidad informa de que el 41,28% de ellas declararon no usar ningún método anticonceptivo.
El Ministerio de Sanidad informa en un comunicado de que tiene “el firme propósito de seguir garantizando el derecho a las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública”. Para ello, pretende “mejorar el acceso a esta prestación dentro del Sistema Nacional de Salud”.
