• El Sescam, condenado a pagar un tratamiento por anorexia

    La Asociación El Defensor del Paciente informa de que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) tendrá que pagar más de 46.000 euros a una familia de Guadalajara que tuvo que recurrir a la sanidad privada para tratar la anorexia de su hija de 15 años.

    El Sescam tendrá que pagar más de 46.000 euros a una familia después de que la Justicia considere que no atendió a una menor con anorexia.
    Imagen de archivo de la unidad de Albacete, la única junto la de Ciudad Real, dentro de la sanidad pública de Castilla-La Mancha, donde la asociación Alienta trata de apoyar a las familias.

    La familia de una adolescente de Guadalajara recibirá 46.262 euros

    Así, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Social nº1 de Guadalajara por la que se condena al Sescam a devolver a unos padres 46.262 euros para el tratamiento médico en la sanidad privada. Aunque la sentencia es de junio de 2023, ahora es cuando la familia ha percibido la indemnización.

    La menor comenzó con problemas en octubre de 2018, motivo por el que le diagnosticaron anorexia nerviosa. Así, el servicio de psicología del Hospital Universitario de Guadalajara indicó que la menor necesitaba la atención específica de una unidad de trastorno de la conducta alimentaria. 

    Desde mayo de 2019, según detalla El Defensor del Paciente, los padres solicitaron la derivación bien al Hospital Niño Jesús de Madrid, donde existe dicha unidad, bien a Ciudad Real, donde el Sescam también tiene un recurso que no existe en Guadalajara. La respuesta fue: “que no había convenio con Madrid y que no hay hospitalización de día en Ciudad Real”.

    Desde 2019

    Los padres tuvieron que acudir a un hospital privado donde la menor tuvo que iniciar un tratamiento, el 24 de septiembre de 2019, mediante hospitalización de día y posteriormente ingreso 24 horas.

    La sentencia reconoce la urgencia vital en el caso de la anorexia nerviosa que padecía la menor. Además, recoge la lucha de los padres, antes de acudir a la sanidad privada, para que el Sescam actuase.

    Ahora, El Defensor del Paciente se pregunta: “¿Qué ocurre con los padres que no pueden ir a la sanidad privada para recibir esa atención sanitaria?”

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